La crisis del agua en Guadalajara. Contaminación y el ciclo de atención a los problemas sociales

Publicado originalmente en: Substack

La contaminación del agua en el entorno de Guadalajara tiene una larga historia. Durante décadas, las comunidades de El Salto y Juanacatlán han denunciado el deterioro del río Santiago y sus consecuencias para la vida cotidiana. La investigación sobre este conflicto recoge antecedentes de mortandad de peces desde 1973 y documenta el peso de las descargas industriales en su degradación. Estos antecedentes dan cuenta de la profundidad histórica de un problema que ha sido denunciado durante años por las comunidades ribereñas.[1]

La lectura de Garrett Hardin nos puede brindar pistas para entender qué es lo que está sucediendo. En su influyente artículo The Tragedy of the Commons, publicado en 1968, examina una situación en la que las decisiones que resultan convenientes para cada individuo terminan por deteriorar un bien común. Aunque su ejemplo más conocido es el de los pastores que agregan animales a una pradera común, Hardin también aborda el tema de la contaminación. En ese caso, la presión sobre el bien común proviene de los residuos que se depositan en él.

Su razonamiento es bastante sencillo: quien vierte sus desechos en un cuerpo de agua ha llegado a la conclusión de que la parte del daño colectivo que termina asumiendo es menor que el costo de tratarlos antes de liberarlos. Bajo esas condiciones, contaminar resulta económicamente racional. La empresa evita una parte de los costos de su actividad, mientras estos se trasladan a la sociedad en general, es decir a las personas que usan el agua, a quienes viven junto al cauce o a quien le toca financiar su saneamiento. En otras palabras, internaliza los beneficios y socializan las externalidades negativas de su producción.[2]

Esta racionalidad permite desplazar los costos hacia otros. Cuando no contaminar resulta más caro que descargar sus residuos y afrontar las consecuencias de hacerlo, existe un incentivo para mantener esa práctica. La tragedia para Hardin radica en que el resto de las empresas o personas involucradas van a llegar a la misma conclusión. Lo que cada una considera una decisión conveniente y racional contribuye a un deterioro acumulativo de un recurso del que dependen muchas más personas.

La historia del Rio Santiago permite reconocer la persistencia de ese problema. Las afectaciones denunciadas en El Salto y Juanacatlán, así como las dificultades para controlar las descargas industriales, preceden por décadas a la discusión que actualmente ha capturado la atención pública en la metrópoli. La investigación de Cindy McCulligh sobre la regulación ambiental del río documenta tanto la contaminación como las deficiencias de vigilancia y sanción. La lógica descrita por Hardin encuentra aquí condiciones que favorecen su reproducción: los costos de contaminar pueden recaer sobre comunidades enteras mientras los beneficios de las actividades que los generan permanecen concentrados.[1]

En lo que respecta al abastecimiento de agua potable para la ciudad, a la calidad de las fuentes se añaden las condiciones de conducción, potabilización y distribución. Por eso, explicar la contaminación regional y la calidad del agua que llega a las viviendas requiere seguir también esa cadena. Pero, junto con las causas materiales del deterioro, es posible plantearnos otra pregunta: si conocemos el problema desde hace tanto tiempo, ¿por qué adquiere precisamente ahora la dimensión de una crisis pública?

Anthony Downs ofrece una vía para responder esa pregunta. En su trabajo sobre el ciclo de atención a los problemas sociales, sostiene que la preocupación de la población puede aumentar y disminuir sin que esos cambios correspondan necesariamente a la solución o al deterioro del problema. Para analizar esa dinámica propone cinco etapas.

La primera es la etapa anterior al problema: la condición indeseable existe y afecta a una parte de la población, pero la atención permanece principalmente entre quienes la padecen, las organizaciones involucradas y los especialistas. La segunda es el descubrimiento alarmante, acompañado de un entusiasmo por resolverlo: un acontecimiento lo vuelve ampliamente visible y genera indignación y al mismo tiempo exigencias y expectativas de una respuesta rápida. En la tercera aparece la percepción del precio del progreso. Se reconoce que atenderlo requiere recursos, cambios institucionales y modificaciones de prácticas que benefician a determinadas personas.

La cuarta etapa consiste en el descenso paulatino del interés. El desánimo, la incomodidad ante los cambios necesarios y el aburrimiento reducen la atención, mientras otros asuntos ocupan su lugar. Finalmente, en la etapa posterior al problema, este pierde el foco de atención, aunque puede dejar organizaciones, programas o políticas que continúan atendiéndolo. También puede volver a despertar interés ante nuevos acontecimientos. El ciclo da cuenta así de los altibajos de la atención pública y la posibilidad de que un asunto transite por las cinco etapas sin haber sido resuelto (Downs, 1972).[3]

En torno a este asunto encontramos organizaciones que han logrado sostener el reclamo durante años, por ejemplo: Un Salto de Vida, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Instituto VIDA y el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental. Su trabajo permite entender qué significa esa etapa de escasa atención general. Para las comunidades afectadas, el problema está presente en la vida cotidiana; para la sociedad en general, puede permanecer fuera de sus preocupaciones principales. [4]

También existen antecedentes de acontecimientos que lograron captar la atención de la sociedad. En 2008, Miguel Ángel López Rocha murió después de caer al río Santiago. La CNDH documentó el caso y, en su Recomendación 12/2010, acreditó violaciones a los derechos a la salud, a la vida y a la conservación del medio ambiente, atribuibles a servidores públicos de la Conagua. La muerte del niño colocó las consecuencias de la contaminación frente a públicos más amplios y dio mayor visibilidad a las exigencias de las comunidades.[5][4]

Sin embargo, ocho años después, La Jornada todavía recogía los reclamos de organizaciones que exigían sanear el río y denunciaban la continuidad de las descargas. El contraste entre la indignación de aquel momento y la persistencia del problema permite reconocer la distancia entre llamar la atención y lograr una respuesta que brinde soluciones.[6] Es muy popular el dicho que dice: ahogado el niño tapamos el pozo. Lamentablemente en esta ciudad ni ahogado el niño hacemos algo al respecto.

En 2026, la calidad del agua volvió a capturar la atención de un sector amplio de la sociedad y con ellos hacerse un lugar en la conversación metropolitana. El 6 de abril, cuando faltaban poco más de dos meses para el Mundial, El País documentó el descontento por el agua sucia y las dudas de vecinos y vecinas sobre las respuestas del SIAPA. La crisis ya formaba parte de la discusión pública antes de la celebración deportiva.[7]

Después llegó el Mundial, con el fútbol, el Fan Festival y su programación gratuita de entretenimiento. Recordemos que consumimos noticias como una forma de entretenimiento, esto quiere decir que el problema del agua en la ciudad compite por nuestra atención con las demás formas de entretenimiento de las que disponemos. Esto nos ayuda a explicar por qué puede resultar difícil sostener la atención sobre un problema tan apremiante como lo es el agua, aunque el malestar continúe.[ 8]

Aun así, las protestas siguieron durante el torneo. El 10 de julio, alrededor de un centenar de personas se manifestó frente a las oficinas del SIAPA con carteles y botellas del agua que recibían en sus viviendas. La movilización formó parte de unas jornadas ciudadanas por agua limpia. El reclamo seguía activo entre quienes lo padecían, incluso en medio del calendario festivo.[9]

A finales de septiembre y principios de octubre, el aumento de los reportes de agua sucia volvió a colocar el problema en el centro de la conversación pública. En esta ocasión, el descontento adquirió una amplitud que favoreció la participación de diversos sectores. Las denuncias en colonias como la Moderna, Americana y Providencia hicieron visible que las afectaciones se localizaban en zonas con condiciones socioeconómicas distintas. A través de las redes sociales, las fotografías, los videos y los testimonios permitieron dar cuenta de una experiencia compartida: lo que ocurría en una vivienda también estaba sucediendo en muchas otras.[13][14][10]

Podemos interpretar este incremento como un regreso al descubrimiento alarmante, la segunda etapa del ciclo de Downs. La circulación de información ayudó a transformar las molestias experimentadas de manera individual en un reclamo colectivo. El deterioro del agua no hizo distinciones entre las diferencias de clase, aunque sus consecuencias seguían siendo desiguales: comprar garrafones, instalar filtros o pagar pipas representa una carga distinta según el nivel de ingresos del hogar. La capacidad de hacer frente a un problema es desigual e inequitativo.

En este punto podemos retomar una precisión del propio Downs. Los problemas que tienden a recorrer el ciclo y perder atención suelen presentar tres características: la mayoría de la población no los padece con la misma intensidad que una minoría; los arreglos que los producen benefician a una mayoría o a una minoría poderosa; y, con el tiempo, pierden sus aspectos llamativos para el público. Cuando estas condiciones coinciden, resulta más probable que el asunto sea desplazado por otro, aun cuando siga sin resolverse (Downs, 1972).[3]

La actual crisis de la calidad del agua presenta elementos que pueden dificultar ese desplazamiento. Una afectación que alcanza a grupos más amplios ofrece mayores posibilidades de sostener el interés. Además, los reportes de agua oscura y maloliente renuevan la visibilidad del problema cada vez que alguien abre una llave y comparte lo que encuentra. Downs señala precisamente que el carácter visible de ciertas formas de contaminación, junto con la amplitud de la población afectada, puede prolongar la atención sobre los problemas ambientales.[26]

La segunda característica se relaciona directamente con el argumento de Hardin: algunos actores obtienen beneficios de prácticas cuyos costos recaen sobre otros. Modificar esos arreglos exige confrontar intereses económicos y decisiones institucionales que han permitido su continuidad. La contaminación puede resultar conveniente para quienes descargan sus residuos sin asumir sus consecuencias, mientras que la sociedad paga por el deterioro del agua en distintas dimensiones.

En ese contexto, el 6 de octubre el gobernador Pablo Lemus reconoció la falta de inversiones durante años y anunció que se dejaría de utilizar el agua procedente de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala. La decisión implicaba reducir el volumen disponible y establecer un suministro intermitente mientras se realizaban obras, incluida la ampliación de la Planta Potabilizadora número 1, en Miravalle. En esos días, su gobierno también impulsaba la iniciativa para el acueducto sustituto Chapala–Guadalajara.[11][12]

El anuncio puede interpretarse como un intento de responder a la crisis y contener un descontento que ya preparaba una movilización colectiva en el espacio público. La expectativa de obras futuras y las medidas emergentes fueron insuficientes para desactivar la convocatoria. El domingo 11 de octubre, miles de personas marcharon desde La Minerva hasta Casa Jalisco. El propio Gobierno estatal estimó una asistencia cercana a las 10 000 personas.[12]

La jornada terminó marcada por la confrontación entre elementos de seguridad y participantes, el uso de gas y chorros de agua y la detención de 39 personas, según el reporte oficial. Las denuncias de detenciones arbitrarias, golpes y uso desproporcionado de la fuerza ampliaron el conflicto. La exigencia de agua limpia quedó vinculada al derecho a manifestarse y a los límites del ejercicio del poder público. En este contexto la CNDH atrajo la investigación de las posibles violaciones a derechos humanos ocurridas durante y después de la protesta.[12][20]

El lunes 12, Lemus atribuyó la violencia a un supuesto grupo de choque de unas 400 personas y expresó su respaldo a policías que, desde su narrativa, habían soportado las agresiones. Aunque anunció la revisión de videos y la investigación de posibles excesos, su explicación puso el foco de atención en quienes responsabilizaba de los enfrentamientos, es decir, las personas que se manifestaban. Las imágenes y los testimonios sobre la actuación policial siguieron alimentando la indignación de la sociedad. [15][18]

El 13 de octubre, el gobernador rectificó y reconoció que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias. También anunció que las personas detenidas habían recuperado su libertad. Sin embargo diversos colectivos denunciaron que la liberación no implicaba necesariamente al cierre de los procesos penales, pero el cambio de su discurso mostraba que la respuesta inicial se había vuelto difícil de sostener frente a la presión social y política. [16]

A partir de este punto la crisis adquirió una dimensión más amplia. Medios nacionales, entre ellos Animal Político y El Financiero, dieron seguimiento al conflicto, mientras medios de alcance internacional como El País y la agencia Reuters informaron sobre el deterioro del agua y la respuesta policial. La cobertura extendió la visibilidad de una inconformidad que había desbordado la discusión sobre la operación del SIAPA.[16][17][18][29]

El domingo 18 de octubre hubo una segunda convocatoria. Miles de personas se reunieron en el Parque Rojo, para exigir agua limpia, expresar su rechazo a la privatización y reclamar justicia por lo sucedido una semana antes. La protesta reunía ahora demandas relacionadas con el abastecimiento, la defensa del derecho a manifestarse y las responsabilidades de las autoridades.[27]

La movilización volvió a enfrentar episodios de violencia. Sus organizadores denunciaron la presencia de grupos encapuchados, a quienes señalaron como infiltrados, y decidieron suspender el recorrido para proteger a los asistentes. Parte del contingente continuó hacia el centro, donde también se registraron agresiones y daños a comercios y edificios públicos. [19][28]

En los días siguientes se produjo otro viraje. Para el 21 de octubre, el esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) propuesto para el acueducto había quedado descartado y se discutía su financiamiento con recursos públicos. El cambio coincidió con la presión ciudadana, la oposición política y la intervención del Gobierno federal. La obra seguía planteada; lo que se dejó de lado fue el modelo de participación público-privada que había provocado el rechazo.[21]

Ese resultado fue reconocido por las propias organizaciones, en la asamblea del 25 de octubre en el Parque Rojo, María González Valencia, directora del IMDEC, presentó el abandono del CMRO como una victoria de las movilizaciones y las denuncias. La protesta había conseguido incidir en una decisión sobre la forma de atender la crisis, además de exigir una respuesta a sus efectos inmediatos.[23]

Después de las dos marchas, las acciones continuaron con otras escalas y formatos. Por ejemplo, el 23 de octubre hubo bloqueos en avenida Guadalupe y Periférico. Dos días después, más de 500 personas participaron en la asamblea del Parque Rojo, donde especialistas, organizaciones y vecinos discutieron propuestas para sostener la defensa del agua. La ocupación del espacio público seguía siendo una herramienta para expresar inconformidad y construir acuerdos.[22][23]

La menor concurrencia a algunas convocatorias podría interpretarse como una señal de transición hacia la cuarta etapa de Downs: el descenso paulatino del interés. Conviene tomar esa lectura con cautela. Una asamblea menos numerosa también puede expresar un cambio en la forma de organizarse, y la participación en las calles es apenas una de las manifestaciones de la atención social. Los bloqueos y los espacios de deliberación muestran que el reclamo conserva capacidad convocatoria para movilizar a la sociedad.

Será difícil sostener de manera indefinida la intensidad alcanzada en las semanas anteriores. Las soluciones requieren tiempo y los problemas cotidianos siguen compitiendo por la atención con los diversos asuntos que surgen cada día. Aun así, la movilización deja resultados: intensificó la exigencia de una respuesta gubernamental, obligó a reconocer abusos policiales y abrió investigaciones sobre ellos. También contribuyó a cuestionar públicamente un esquema de financiamiento que terminó por abandonarse.

La lección de los días pasados es bastante clara: la acción colectiva puede producir cambios en la sociedad al hacer que las agendas sociales se conviertan en agendas públicas. En este caso, permitió convertir experiencias dispersas en demandas colectivas, elevar el costo político de ignorarlas, modificar decisiones y promover acciones. Las instituciones pueden recoger e incorporar esos reclamos, pero esa respuesta necesita ser impulsada y vigilada por la sociedad. La participación ciudadana encuentra ahí una función que continúa después de la marcha: dar seguimiento a los compromisos y exigir que se cumplan.

Esto nos regresa a Hardin, frente a la tragedia de los comunes, plantea la necesidad de acuerdos y mecanismos coercitivos que modifiquen las lógicas y comportamientos que favorecen su degradación. En materia de contaminación, las reglas deben hacer que resulte más conveniente tratar los residuos que descargarlos sin tratarlos. Para ello se requieren instituciones capaces de aplicar esas reglas y consecuencias efectivas para quienes las incumplen.

El propio Hardin reconoce el problema de quienes deben hacerlas cumplir y para ello retoma la idea de John Adams sobre un gobierno de leyes y no de personas, advierte sobre la corrupción de los administradores y plantea la necesidad de mecanismos que mantengan bajo vigilancia a quienes ejercen la autoridad. La protección de los bienes comunes exige, por lo tanto, reglas para las personas usuarias y controles para los responsables de su aplicación.[2]

En nuestro caso ya existen normas sobre la calidad del agua para uso y consumo humano y sobre las descargas de aguas residuales, además de autoridades encargadas de vigilar su cumplimiento. Entre ellas están la NOM-127-SSA1-2021 y la NOM-001-SEMARNAT-2021. No tenemos que inventar nada, pero la existencia de ese marco normativo obliga a preguntar por omisiones y fallas de vigilancia que permitieron llegar a la situación actual [24][25].

Las inversiones en infraestructura son necesarias, no se puede negar el abandono en la materia, sin embargo, también necesitamos preguntarnos por los responsables de la tragedia. En toda esta discusión han estado ausentes y mientras las autoridades buscan atender el problema mediante inversiones e infraestructura, no se han pronunciado sobre las empresas y desarrollo habitacionales que no cumplen con las normas y contaminan. Tampoco escuchamos algo sobre los responsables de la vigilancia y sanción. Necesitamos identificar las fuentes de contaminación, investigar las omisiones en el manejo y la vigilancia del sistema para establecer las responsabilidades correspondientes.

Al Gobierno de Jalisco le corresponde actuar en su ámbito de competencia y coordinarse con las autoridades federales y municipales para que esas investigaciones tengan consecuencias. Si contaminar y omitir la vigilancia sigue sin producir costos para los responsables, permanecerán las lógicas que dieron pie a la tragedia. Aplicar la ley también a empresas y funcionarios responsables sería un paso concreto hacia ese gobierno de leyes que la defensa de nuestros bienes comunes requiere.